Participación Ciudadana advirtió que el auto de no ha lugar emitido a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta vuelve a poner en duda la capacidad del sistema judicial dominicano para responder con firmeza en casos complejos de corrupción. Su coordinadora general, Leidy Blanco, afirmó que la decisión revela obstáculos estructurales en la lucha contra ese delito y obliga a revisar si las fallas están en la construcción de los expedientes acusatorios o en la valoración judicial de las pruebas.
Las declaraciones llegan después de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional excluyera del proceso penal a Castillo y Peralta en la fase preliminar del caso Calamar, al considerar insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para enviarlos a juicio de fondo. Para la organización cívica, la resolución no debe verse únicamente como un resultado favorable para los acusados, sino como una señal de alerta sobre el desempeño de las instituciones encargadas de investigar y juzgar la corrupción administrativa.
Blanco sostuvo que la decisión deja abiertas interrogantes sobre la calidad de los expedientes elaborados por los órganos de persecución y sobre los criterios utilizados por los tribunales para determinar si procede un juicio. A la vez, el anuncio del Ministerio Público de que apelará los autos de no ha lugar mantiene en primer plano un debate que trasciende este caso y refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se están procesando los expedientes de mayor relevancia pública.