SAN JOSÉ. – La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció la presentación de un proyecto de ley para autorizar la grabación en audio y video de las visitas a presos en cárceles de máxima seguridad, una medida que el propio Gobierno vincula a la necesidad de frenar la coordinación de actividades criminales desde el interior del sistema penitenciario.
El anuncio pone el foco sobre una debilidad que, según la mandataria, ha permitido que reclusos sigan enviando mensajes a través de visitantes, incluidos familiares y abogados, debido a que la normativa actual impide ese tipo de controles. Tras reunirse con altos mandos policiales, Fernández sostuvo que no se puede permitir que delincuentes de alto calibre operen desde prisión, mientras el Ejecutivo asegura haber identificado unas 260 estructuras criminales activas en el país, integradas por miles de miembros, y pidió mayor acción del Organismo de Investigación Judicial.
En ese contexto, la presidenta también presentó como parte de su estrategia el avance de una nueva megacárcel de alta seguridad con capacidad para más de 5.000 internos y anunció que su administración evalúa controles internos adicionales en las fuerzas policiales, incluidas pruebas de polígrafo para mandos de seguridad. Las medidas fueron expuestas en un escenario marcado por el aumento de los homicidios y por el reconocimiento oficial de que el crimen organizado mantiene capacidad de operación, incluso desde los centros penitenciarios.