El Gobierno de Venezuela anunció su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), una medida que llega después de que la Fiscalía del tribunal advirtiera una falta de «progreso real» del país en materia de «complementariedad» y cerrara su oficina técnica en Caracas.
La versión oficial, expuesta por el canciller Félix Plasencia en un comunicado publicado en X, sostiene que la CPI actúa con «sesgo» y ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos. Por instrucciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la decisión fue comunicada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Plasencia afirmó además que el organismo ha sido «instrumentalizado» y calificó el proceso como una forma de «lawfare».
El paso había sido preparado desde diciembre pasado, cuando el Parlamento controlado por el chavismo aprobó por unanimidad una ley para derogar la adhesión al Estatuto de Roma. Ese movimiento, ahora consumado, profundiza el contraste entre el discurso oficial sobre justicia y soberanía y las advertencias previas de la propia CPI sobre la ausencia de avances, en un giro que refuerza la necesidad de vigilancia internacional e institucional ante decisiones de alto impacto político.