La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dedicó un panel a revisar los principales cambios y desafíos del nuevo Código Penal dominicano, en una señal de que su aplicación abre interrogantes que exigen seguimiento y control institucional, más allá del discurso sobre la reforma. En el encuentro participaron representantes de la judicatura, el Ministerio Público y el ejercicio privado de la abogacía.
La actividad, organizada por la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas como parte del 488 aniversario de la academia, reunió a la magistrada Yanibet Rivas Méndez, al fiscal Merlin Mateo Sánchez y al abogado Carlos Díaz, con moderación del maestro Néstor Arroyo. Desde distintos ángulos, los expositores abordaron puntos sensibles de la nueva legislación: la persecución de la corrupción administrativa, la severidad y proporcionalidad de las penas, su acumulación, la resocialización de las personas condenadas y figuras como la criminalidad digital, el tráfico de influencias y el soborno transnacional.
El intercambio dejó sobre la mesa que la nueva normativa no solo supone cambios técnicos, sino retos concretos para quienes deberán aplicarla. Mateo Sánchez subrayó que las disposiciones sobre corrupción administrativa deben ejecutarse conforme a la Constitución y los derechos fundamentales, mientras Rivas Méndez planteó la necesidad de estudiar de manera integral la legislación. Con estudiantes y profesionales del Derecho entre los asistentes, el panel evidenció que la implementación del nuevo Código Penal seguirá bajo escrutinio por sus efectos institucionales y sociales.