El fallecimiento de Anthoney Pie, identificado de forma preliminar como ciudadano haitiano, volvió a colocar en primer plano la capacidad de respuesta institucional ante hechos extremos ocurridos en el entorno familiar. El hombre murió por una herida de arma blanca y, por el caso registrado en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, la Policía Nacional arrestó a su hija de 13 años.
Consultada por periodistas, la adolescente ofreció una versión que ahora ocupa una parte central de las pesquisas: «Me estaba ahorcando. Me estaba agarrando del cuello. Había un cuchillo ahí en el suelo; no le quise dar y después se dio». Más allá del hecho criminal, la tragedia expone una dimensión social que obliga a revisar cómo reaccionan las autoridades cuando la violencia irrumpe dentro del hogar y solo sale a la luz después del desenlace fatal.
El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los estudios correspondientes, mientras continúan las indagatorias para precisar las circunstancias del caso. Con la investigación aún abierta, persiste una alerta institucional: aclarar lo sucedido no solo supone determinar responsabilidades penales, sino también responder si existieron señales previas, fallas de protección o ausencia de una respuesta efectiva ante un conflicto que terminó en muerte.