Lo que atraviesa al sector exportador dominicano ya no se limita a un tropiezo comercial: se ha convertido en una alarma sobre la capacidad de reacción del Estado. La suspensión de las importaciones de mango dominicano hacia Estados Unidos, ordenada por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), llega luego de tres años de advertencias desatendidas sobre el descontrol de la mosca de la fruta, en un episodio que vuelve a poner bajo examen la gestión pública.
A ese golpe reputacional y económico se añade un arancel adicional de 12.5% aplicado por la administración estadounidense, medida que el texto relaciona con la incapacidad del país para erradicar prácticas de trabajo forzoso en áreas clave de la economía local. Más que un hecho aislado, el cuadro expone una fragilidad institucional que choca con cualquier discurso de control y deja al descubierto resultados insuficientes en supervisión, transparencia y cumplimiento.
En el caso del mango, la atención recae sobre el Ministerio de Agricultura. El ministro Francisco Oliverio Espaillat atribuye el problema a su reciente llegada al cargo en enero de este año y a la administración anterior, pero el episodio vuelve a plantear la exigencia de rendición de cuentas sobre la continuidad del Estado. Mientras los productores asumen pérdidas económicas, la respuesta oficial queda en entredicho por no haber comunicado con claridad el riesgo ni evitado que la crisis escalara hasta convertirse en otro desgaste para el gobierno dominicano.