Soraya Suárez llevó a la Cámara de Diputados la declaración de la FAO que reconoce a República Dominicana como país “Hambre Cero” y la presentó como un logro histórico. Sin embargo, su propia intervención puso en relieve el peso del aparato público en ese resultado: mencionó leyes aprobadas por el Congreso, programas sociales sostenidos con el Presupuesto General del Estado y el compromiso que, según dijo, asumió el presidente Luis Abinader desde el inicio de su gestión.
En la sesión del pasado martes, la diputada del PRM por Santiago, coordinadora general del Frente Parlamentario contra el Hambre de la FAO para América Latina, el Caribe, Suramérica y Mesoamérica, calificó el anuncio como “un día de celebración” y afirmó: “Debo decir que esta es una conquista de nuestro Gobierno, pero también de gobiernos pasados y de legisladores que hoy no se encuentran aquí”. Esa distribución de méritos vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de revisar cómo se ejecutan cada año los recursos de asistencia social que aprueba y supervisa el Congreso.
La legisladora también agradeció el respaldo de la FAO al Frente Parlamentario contra el Hambre y valoró la confianza del organismo en la Cámara de Diputados y en Alfredo Pacheco. Con el oficialismo presentando el reconocimiento como un resultado de su gestión, el debate político pasa ahora del tono celebratorio a las explicaciones pendientes sobre el uso del presupuesto, el papel del PRM y del Congreso en esos programas y la exigencia de que este tipo de logros institucionales se traduzcan en resultados verificables para la población. Ahí, la oposición, incluida Fuerza del Pueblo, encuentra espacio para reclamar control y rendición de cuentas.