La forma en que se maneja el gasto en salud mental vuelve a poner bajo la lupa la distancia entre lo que el Estado dice garantizar y lo que realmente ofrece. Aunque la Ley n.º 12-06 consagra el derecho a una atención digna y de calidad, el propio diseño presupuestario descrito en el texto impide materializarlo y deja a los ciudadanos atrapados entre una norma que reconoce derechos y una estructura pública que no les da una salida efectiva.
La contradicción central, según se señala, es que el área ha recibido históricamente apenas alrededor del 0,7 % del presupuesto general de salud, aun cuando las autoridades anuncian aumentos y la Organización Mundial de la Salud recomienda un 5 %. El contraste se acentúa porque, de acuerdo con los propios planes estratégicos del Estado, cerca del 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental. En la práctica, el problema queda admitido en el discurso oficial, pero sin el financiamiento necesario para enfrentarlo.
El resultado, de acuerdo con la pieza original, es un sistema en el que la atención psicológica y psiquiátrica existe como derecho formal, pero se transforma en un laberinto burocrático, legal y económico para quien necesita ayuda. Más que una discusión técnica sobre partidas, el texto lanza una alerta institucional: cuando el presupuesto no acompaña la ley, la política pública termina trasladando el costo de esa incoherencia a los pacientes y sus familias.