Las cifras oficiales de salud mental en República Dominicana dejan ver un problema de gran escala y, al mismo tiempo, una respuesta estatal todavía limitada. En 2024, la Oficina Nacional de Estadística registró 651 suicidios, para un promedio de 54 al mes, mientras el Ministerio de Salud Pública calcula que más de 2.4 millones de dominicanos conviven con algún trastorno mental.
Ese panorama también se refleja en la presión sobre los servicios. Entre enero y septiembre de 2025, la Red Pública realizó 247,687 consultas externas de salud mental, 24,440 más que en igual período de 2024. Sin embargo, menos del 25% de las personas diagnosticadas recibe tratamiento adecuado. A ello se suma que en enero de 2026 el Ministerio informó que más de 500,000 personas viven con depresión, en un escenario en el que el 5.7% de la población ha padecido ansiedad y el 4.7% depresión.
La mayor alerta institucional sigue estando en la capacidad instalada. El país dispone de apenas 300 psiquiatras, cuando harían falta al menos 1,000 para cubrir la demanda, y el 85% de esos especialistas está concentrado en el Gran Santo Domingo. La desigualdad de acceso se agudiza en los grupos más vulnerables, donde cerca del 80% de la población privada de libertad presenta algún problema de salud mental, frente a un estimado de 20% en la población general. Con esos datos, la distancia entre la magnitud del problema y la respuesta disponible coloca la discusión en el terreno de la rendición de cuentas y de las prioridades reales de gestión.