La idea de que la democracia “sale cara” regresa al centro del debate con una pregunta de fondo: qué desembolsos debe asumir el Estado y cuáles no. A partir del planteamiento de Rosario Espinal a la Junta Central Electoral (JCE) para que deje de invertir recursos en motivar el voto en el exterior, el texto original contrapone esa recomendación con un dato clave: entre enero y agosto las remesas alcanzaron US$8,432.7 millones, mientras se subraya que ese flujo sostiene al país sin que el gobierno dominicano tenga que invertir “un solo peso” en obras para generarlo.
Espinal sostuvo que “La República Dominicana no puede seguir asignando inmensos recursos para convencer a los dominicanos en el exterior que voten; una tarea con altísima probabilidad de fracaso”, y agregó: “No gasten más en eso. Hay que redoblar los esfuerzos en el territorio dominicano”. También señaló que la abstención en el exterior pasó de 51% en 2016 a 81% en 2024. Sin embargo, el artículo cuestiona que esa lectura termine debilitando un derecho ya conquistado por la diáspora y plantea un contraste incómodo para la gestión pública: sí se objeta el gasto para garantizar participación política, pero no se aplica el mismo nivel de reparo a otras inversiones estatales.
En esa comparación, el texto apunta que al turismo “le construyen aeropuertos, muelles, hoteles, carreteras, etc.” y sostiene que, aun así, nadie propone dejar de invertir en ese sector. Ese contraste instala una alerta institucional sobre las prioridades del poder: cuando se habla de presupuesto y gasto, la exigencia no recae por igual sobre todas las áreas. En ese marco, la pieza abre un frente de fiscalización sobre Hacienda y sobre el gobierno dominicano, al evidenciar la distancia entre el discurso de austeridad democrática y la realidad de un Estado que sí encuentra recursos para otras apuestas. El fragmento suministrado no menciona a David Collado, por lo que no es posible atribuirle participación directa en este debate sin salir del texto fuente.