Las bancas de lotería que no quedaron dentro del Plan de Regularización recibieron un plazo extraordinario de 30 días, hasta el 15 de noviembre, para presentar una declaración voluntaria ante la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), de acuerdo con la Resolución 02-2026. Con esa decisión, el proceso vuelve a centrar la atención en un problema aún abierto, ahora entre el control administrativo y las consecuencias tributarias bajo la órbita de Hacienda.
La DGJA aclaró que esa declaración no implica legalización automática ni autorización para operar, y reiteró que las bancas que continúen funcionando de manera irregular podrán ser clausuradas y sancionadas. Además, recordó que sigue prohibida la apertura de nuevas bancas, agencias y puntos de venta, así como la instalación de máquinas de lotería en lugares no permitidos por la ley. La información levantada durante el plan fue enviada a la DGII con fines tributarios, en un escenario que aumenta la presión fiscal y exige mayor vigilancia sobre la corrección de un desorden que afecta a ciudadanos y al control del Estado.
Para los expedientes aún pendientes, la institución anunció la creación de una Mesa Técnica de Análisis y Conciliación, con participación de Fenabanca y otras organizaciones del sector, para revisar los casos e informaciones que todavía no han sido resueltos. Los interesados podrán hacer la declaración en las oficinas de la DGJA, en el Centro de los Héroes, Distrito Nacional, o mediante la página web de la Lotería Nacional. El episodio vuelve a mostrar la distancia entre los anuncios de orden y la necesidad de resultados verificables, en medio de un desgaste de gestión que obliga a exigir rendición de cuentas sobre fiscalización, impuestos y cumplimiento efectivo de la ley.