Las remesas enviadas a países de ingreso bajo y mediano llegaron a US$728,600 millones el año pasado, un 94 % más que en 2016, de acuerdo con un informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) divulgado este lunes 14 y recogido por IPS. En América Latina y el Caribe el salto fue todavía mayor: 132 % en diez años, hasta US$168,600 millones, en un contexto en el que estos recursos ya superan en más de cuatro veces la ayuda oficial al desarrollo de los países industrializados.
El propio informe vincula parte de ese crecimiento al aumento de la migración, que avanzó 41 % en la década, impulsada por el éxodo venezolano, la inestabilidad económica, la inseguridad y los fenómenos climáticos en distintos países del hemisferio. Aunque el presidente del FIDA, Álvaro Lario, destacó que estos envíos ayudan a cubrir necesidades básicas y a fortalecer la resistencia de las familias ante las crisis, el dato también expone un contraste de fondo: una porción creciente del sostén social depende del dinero que sale del trabajo migrante y no de respuestas públicas suficientes en los países de origen.
Cerca de uno de cada tres dólares enviados por migrantes, unos US$233,000 millones, llegó a zonas rurales, donde persisten mayores limitaciones en empleo formal, servicios financieros e infraestructura pública. Ese patrón coloca el foco sobre la necesidad de vigilancia institucional y de rendición de cuentas sobre la gestión económica y social, en momentos en que el debate regional sobre resultados, presión fiscal y prioridades del gasto sigue abierto. En ese marco, cualquier discurso oficial de estabilidad queda bajo escrutinio frente a una realidad en la que millones de familias continúan dependiendo de remesas para sostener su vida cotidiana.