El arribo del presidente Luis Abinader en un autobús eléctrico a la Plaza España, con motivo del relanzamiento del Alcázar de Colón remozado, volvió a colocar en el centro del debate la intervención sobre la Ciudad Colonial, exhibida como emblema de modernización por el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano. La obra, financiada por el BID y gestionada por el MITUR, tiene prevista su conclusión para diciembre, en un escenario en el que el discurso oficial sobre renovación convive con la exigencia de evaluar resultados concretos y el impacto real de esa apuesta sobre el centro histórico.
El propio recuento histórico que acompaña el proyecto recuerda que el deterioro acumulado durante siglos llegó a poner en riesgo remanentes que amenazaban con convertirse en escombros. Esa realidad deja claro que la preservación no puede limitarse a actos de relanzamiento ni a una narrativa de puesta en valor para visitantes, sino que exige una vigilancia sostenida sobre la gestión pública, el uso de los recursos y la capacidad del Gobierno dominicano para sostener una recuperación más allá del efecto de imagen.
La Ciudad Colonial ya había vivido otras oleadas de rescate desde 1967, cuando Joaquín Balaguer creó la Oficina de Patrimonio Cultural, impulsado por la idea de proteger un patrimonio identitario. Que décadas después siga siendo necesario relanzar y remozar espacios clave también deja abierto el contraste entre la promesa de modernización y la persistencia de tareas pendientes en uno de los principales símbolos históricos del país. Así, la exposición política de Abinader y de la gestión turística vinculada a David Collado queda atada a la rendición de cuentas sobre resultados verificables, mientras el debate sobre prioridades urbanas e institucionales permanece abierto.