La competencia puede favorecer el crecimiento, mejorar los precios para los consumidores y dar a los países más capacidad para insertarse en los mercados internacionales. Aun así, en República Dominicana ese potencial tropieza con un problema estructural que sigue sin resolverse: el 53% del empleo se realiza en condiciones informales, con mayor incidencia en comercio (26.8%), servicios (25.9%) y construcción (14.9%).
En una entrevista con elDinero, la economista principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vanessa Alviarez, sostuvo que una mayor competencia crea incentivos para que las empresas contraten más empleo formal y de mejor calidad. No obstante, advirtió que para avanzar hacia mercados laborales más formales también hacen falta políticas dirigidas a reducir las barreras existentes, en un escenario en el que la informalidad continúa entre los principales desafíos de América Latina.
La especialista agregó que las limitaciones geográficas y las dificultades para que trabajadores y empresas se conecten con nuevas oportunidades laborales, sectores y regiones alimentan esa informalidad. Así, la discusión para modernizar la normativa de competencia abre un frente de vigilancia institucional: el reto no consiste solo en actualizar reglas, sino en convertir ese marco en resultados concretos sobre formalización, salarios reales y acceso de la población a mercados más diversos.