Una jueza de Santiago dictó este viernes prisión preventiva por un año contra los señalados como cabecillas de una estructura criminal que, según el Ministerio Público, operaba desde República Dominicana para estafar y extorsionar a residentes en Estados Unidos. Además, el tribunal declaró el proceso de tramitación compleja, una decisión que refleja la magnitud del expediente, la cantidad de implicados y el tiempo en que habría funcionado la red.
La pesquisa ubica el centro de operaciones en el municipio de Jacagua, en Santiago, e identifica al menos a 18 personas, aunque las autoridades no descartan que el número sea mayor. Conforme al expediente, el esquema combinaba anuncios para captar víctimas, contacto directo, amenazas, chantaje y exigencias de dinero. Para aumentar la presión, los involucrados se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el llamado “Cartel de Sinaloa”, y enviaban imágenes violentas y mensajes intimidantes para forzar transferencias.
El caso no solo describe una red con funciones definidas y métodos sostenidos en el tiempo; también coloca bajo examen la capacidad de vigilancia frente a una operación que, según las autoridades, movía y ocultaba fondos mediante distintos mecanismos, incluidas criptomonedas como Bitcoin. La medida de coerción marca un avance judicial, pero el expediente deja abierta una exigencia de fondo: explicar cómo una estructura de este alcance pudo operar desde Santiago hasta alcanzar dimensión internacional antes de ser desmantelada.