El presidente Luis Abinader, mediante el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, sometió al Senado un proyecto que modifica el artículo 1 del Código Civil dominicano para fijar un mismo plazo de entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. La propuesta surge porque la diferencia actual entre ambas demarcaciones provoca un desfase de un día, con el riesgo de generar desigualdad en la aplicación de las normas y afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La iniciativa también plantea reconocer como válidas las publicaciones de leyes en medios electrónicos oficiales, con el mismo efecto jurídico que la publicación impresa. Aunque el Ejecutivo presenta la medida como parte de una modernización del sistema jurídico y de una difusión más rápida y transparente, la reforma pone sobre la mesa la fiscalización legislativa sobre cómo se asegura el acceso ciudadano a las normas y la aplicación uniforme de la ley en una zona de fuerte integración social, económica, laboral y educativa.
El proyecto llega al Congreso con el argumento de adaptar la legislación a la realidad actual del Gran Santo Domingo. Sin embargo, el propio planteamiento oficial admite que el esquema vigente conserva una diferencia que puede afectar derechos y generar incertidumbre, lo que obliga al Senado a examinar con rigor el alcance institucional de los cambios antes de convertirlos en ley.