La alta informalidad laboral y la evasión fiscal continúan afectando la capacidad de República Dominicana para fortalecer sus instituciones y dar respuestas efectivas a la población, según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El organismo sostiene que estas condiciones impiden al Estado generar los recursos requeridos para sostener sistemas de bienestar y atender demandas ciudadanas, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio la distancia entre las necesidades sociales y la capacidad real de respuesta pública.
El informe señala que la evasión tributaria y los altos niveles de informalidad en América Latina y el Caribe bloquean la «palanca necesaria» para robustecer la capacidad estatal y mejorar los resultados de la democracia. En ese marco, recomienda avanzar hacia pactos fiscales y fortalecer las administraciones tributarias. En el caso dominicano, el planteamiento adquiere un peso particular porque más de la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad, de acuerdo con estadísticas oficiales, lo que reduce la base de contribuyentes y limita la recaudación destinada a financiar educación, salud, seguridad e infraestructura.
El PNUD advierte además que las debilidades fiscales no se agotan en el plano económico: cuando los gobiernos no consiguen ofrecer servicios públicos de calidad ni responder a las expectativas ciudadanas, aumenta la percepción de que las instituciones no entregan resultados suficientes y se debilita la confianza en la democracia. El diagnóstico refuerza la presión por una mayor vigilancia sobre la capacidad del Estado para recaudar, administrar recursos y acortar la brecha entre el discurso institucional y los resultados que recibe la ciudadanía.
