Organizaciones de parceleros solicitaron al presidente Luis Abinader que declare en estado de emergencia ambiental varios proyectos agrícolas del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en La Romana, debido a denuncias por tala de árboles, fabricación clandestina de carbón, ocupaciones y presuntas operaciones irregulares de comercialización de terrenos. La petición pone bajo la lupa la respuesta oficial frente a conflictos que, según los reclamantes, impactan los proyectos 406, 476 y 520 en Cumayasa, Villa Hermosa, El Gato y La Noria.
La Asociación Frente Agropecuario, Revolucionario y Comunitario Mi Propio Esfuerzo (FARCOMPE), la Asociación de Parceleros María Trinidad Sánchez y el Proyecto Agrícola Agropecuario y Porcino (PROAAGROPOR-CUMAYASA) demandaron una intervención para establecer la situación legal de los terrenos y comprobar las denuncias ambientales. Sus voceros, Mario Díaz, Angela María Acosta y Eusebio Rijo, insisten en que el problema no se reduce a nuevas asignaciones, sino que requiere revisar desde cero expedientes y ocupaciones para definir quiénes son los beneficiarios legítimos y qué documentos conservan validez jurídica.
Díaz aseguró que las organizaciones han intimado en cuatro ocasiones, mediante actos de alguacil, al IAD y al Ministerio de Agricultura para que realicen un saneamiento integral de esos proyectos. “Queremos que se investigue todo y que, si una documentación es legítima, que se respete; si existen documentos falsos, duplicados o utilizados fraudulentamente para negociar terrenos del Estado, que se determine quiénes son los responsables y que respondan ante la justicia”, dijo. Los parceleros también pidieron indagar denuncias sobre personas que estarían ofreciendo terrenos de la Reforma Agraria a dominicanos y extranjeros mediante supuestos títulos o documentos provisionales, en una reclamación que refuerza la exigencia de fiscalización y rendición de cuentas sobre la gestión de esos predios estatales.