La Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional elevó el nivel de escrutinio sobre la operación vinculada a la central eléctrica flotante Karpowership en Puerto Viejo, Azua, al imponer una medida de coerción real por US$5 millones contra Dynex Energy Group, Dynex Energy RD, S.R.L. y su representante local, Carlos Matamoros Bregni. La jueza Clara Luz Almonte autorizó a Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC) a ejecutar embargos retentivos, conservatorios e hipotecas judiciales provisionales sobre bienes muebles e inmuebles de los imputados.
El tribunal fundamentó la decisión en la existencia de un “crédito justificado en principio” y en la necesidad de “evitar la insolvencia inminente del imputado”, una base que refuerza la dimensión institucional del expediente y vuelve a poner la atención sobre la vigilancia de operaciones de alto impacto económico. Sin embargo, aunque acogió las medidas cautelares reales, la jueza rechazó el impedimento de salida del país contra Matamoros Bregni al entender que su condición de extranjero no bastaba para presumir riesgo de fuga y que no se aportaron elementos suficientes para aplicar esa restricción.
De acuerdo con los abogados de la parte querellante, Jorge Lora Castillo y Jorge Lora Olivares, el embargo cubre no solo bienes de Dynex y Matamoros Bregni, sino también montos que terceros les deban o deban desembolsar por la operación de las barcazas en Azua, sumas que permanecerán congeladas hasta completar el monto autorizado. Según la documentación presentada, la controversia se origina en un acuerdo del 25 de mayo de 2018 mediante el cual Dynex designó con exclusividad a TEPC como socio local para desarrollar el proyecto de generación térmica en el país, un conflicto que ahora avanza en la vía judicial y vuelve a abrir cuestionamientos sobre supervisión, transparencia y resultados en torno a este tipo de operaciones.