La conectividad volvió a instalarse como promesa central en la política latinoamericana, pero la propia experiencia acumulada en las últimas dos décadas obliga a mirar más allá del discurso. Según plantean Roberto García Alonso y Ulf Thoene en Latinoamérica21, la región ya cuenta con políticas, inversiones y aprendizajes suficientes para distinguir entre anuncios, capacidad de ejecución y resultados medibles, un contraste que coloca bajo escrutinio cada nueva oferta electoral sobre internet satelital, escuelas conectadas, fibra e infraestructura 5G.
La evidencia comparada en 33 países de América Latina y el Caribe muestra que las disparidades en banda ancha siguen estrechamente ligadas al desarrollo socioeconómico. El estudio subraya que infraestructura, asequibilidad, capacidades y continuidad institucional actúan de forma conjunta, lo que refuerza una alerta de gestión: ampliar acceso sin cerrar brechas territoriales, sin hacer viable el costo para los hogares o sin convertir la conexión en capacidades reales deja intacta parte del problema.
El análisis también cuestiona las lecturas simplificadas y los rankings apoyados en un solo indicador. Un país puede exhibir altas velocidades en grandes ciudades y mantener rezagos rurales; otro puede expandir cobertura móvil sin resolver la asequibilidad; y un tercero puede conectar escuelas sin integrar la tecnología en la pedagogía. En ese escenario, la nueva etapa electoral no solo abre espacio para promesas, sino para exigir fiscalización y rendición de cuentas sobre qué políticas producen avances verificables y cuáles siguen dejando a la ciudadanía frente a una brecha digital con costos sociales y productivos.