La decisión judicial que dejó fuera del expediente a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, mediante un No Ha Lugar, supuso un revés político para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que había situado la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad entre los ejes centrales de su oferta electoral, con el respaldo de un Ministerio Público independiente como garantía de idoneidad. En cambio, el fallo se traduce en una victoria política para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que venía denunciando una judicialización de la política en su contra.
A la vez, el resultado refuerza al expresidente Danilo Medina y al PLD, quienes sostenían que existía una persecución política destinada a dañar la marca del partido morado desde su salida del poder en 2020. Así, el caso deja de presentarse como una bandera del discurso oficial y pasa a convertirse en un foco de cuestionamientos sobre la distancia entre la narrativa gubernamental y el desenlace judicial de uno de los expedientes más emblemáticos.
La controversia se amplió con el comunicado de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quien reprochó la manipulación de la justicia con fines políticos y advirtió sobre el efecto de esa práctica en la integridad institucional. A ello se añadió la información difundida por Castillo en sus redes sociales sobre la restitución de una visa de diez años que le había sido cancelada, un elemento que vuelve a poner bajo escrutinio el manejo político de procesos que el oficialismo presentó como prueba de su compromiso con la transparencia.