Noventa años después de que Arturo Uslar Pietri advirtiera sobre la dependencia petrolera de Venezuela, el crudo vuelve a definir el rumbo del país, esta vez bajo un acuerdo que la Casa Blanca exhibe como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. De acuerdo con esa hoja informativa, el pacto asegura “el dominio energético para el próximo siglo, sin costo alguno para Estados Unidos” y otorga al gobierno estadounidense “poderosos derechos de gobernanza” y “propiedad económica” sobre un nuevo actor petrolero privado de Venezuela.
La advertencia no solo está en el alcance político y económico del anuncio, sino también en la vía elegida. El acuerdo no se firmó con una de las grandes petroleras norteamericanas que habían mostrado interés en regresar al mercado venezolano, sino con North American Blue Energy Partners (NABEP), una sociedad de Barbados sobre la que, según la prensa, circula poca información pública y no existen evidencias de presencia en otros mercados petroleros. A ello se añade que algunos la han vinculado antes con Harry Sargeant, mientras sí hay abundante información sobre el joven empresario venezolano que la encabeza y cuyos negocios millonarios con el gobierno de Chávez y otros han sido objeto de cuestionamientos.
El episodio reabre un contraste de fondo entre el relato de solución y las explicaciones que aún faltan sobre quién gana capacidad de decisión, bajo qué controles y con qué nivel de transparencia. En un contexto en el que la sociedad civil y los sectores de vigilancia institucional reclaman rendición de cuentas, el caso vuelve a situar en primer plano los riesgos de opacidad alrededor de recursos estratégicos y el desgaste de un modelo en el que el petróleo sigue siendo, a la vez, promesa de salida y rehén del poder.