El elevado número de muertes asociadas al uso de motocicletas vuelve a poner en entredicho la capacidad del Estado para ordenar el tránsito y resguardar a la población. Si, como se sostiene, el 70% de las fatalidades viales en República Dominicana está vinculado a este medio de transporte, mantener correctivos débiles solo alargaría una crisis de seguridad vial con altos costos humanos y económicos.
De ahí que tome fuerza la propuesta de suspender por un tiempo la importación de ciclomotores de baja cilindrada, planteada como una salida extrema ante la falta de respuestas eficaces. La idea se apoya en un panorama descrito como de impunidad casi total, calles convertidas en tierra de nadie y un vacío de autoridad que ha dejado al Estado sin capacidad para contener una de las principales fuentes de siniestralidad.
Aun sin llegar a una medida tan drástica, el debate deja al descubierto la ausencia de controles previos suficientes sobre quienes acceden a este tipo de vehículos. La discusión también señala la debilidad institucional de la Digesett, presentada como incapaz de responder con sus actuales potestades, número de agentes y medios de desplazamiento. El resultado es una brecha cada vez más visible entre la obligación oficial de ordenar el tránsito y una realidad en la que siguen sumándose víctimas, gastos para el Estado y una demanda pendiente de acciones contundentes.