Elizabeth Mena, abogada y expresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), afirmó que los proyectos mineros en República Dominicana deben someterse a evaluaciones técnicas, ambientales, legales, sociales y económicas antes de decidir si sus riesgos pueden mitigarse o si corresponde detenerlos. A su entender, decisiones de ese alcance no pueden resolverse únicamente desde la confrontación entre el agua y la actividad minera.
La exdirectiva de Adoexpo planteó que la discusión también debe abarcar los efectos ambientales de otras industrias y los problemas que afectan los recursos naturales del país. Al hablar del agua, cuestionó que la atención pública se concentre en la minería sin dar el mismo peso a la contaminación de otras fuentes acuíferas. “Yo que trabajo todos los días en el río, particularmente en el Ozama y el Isabela, y el Ozama es el segundo vertedero más grande de la República Dominicana, aquí no hablan de eso”, expresó. Para Mena, la situación de esos ríos debe entrar de lleno en la conversación sobre protección hídrica, frente al contraste entre el discurso ambiental y los problemas que siguen visibles.
En cuanto al proyecto Romero, explicó que la concesión no ha sido retirada, aunque el presidente de la República ordenó suspender los trabajos y la empresa retiró sus equipos y maquinarias. A su juicio, todavía deben continuar los estudios y procedimientos técnicos, legales, ambientales y sociales para establecer si la iniciativa resulta viable. También agregó que la seguridad jurídica es un factor que los inversionistas consideran al momento de decidir dónde establecerse, lo que vuelve a poner en discusión la necesidad de reglas claras y decisiones sustentadas en evidencia por su impacto institucional y social.