A 25 años de la Ley 87-01, el Seguro Familiar de Salud muestra avances en afiliación y cobertura, pero el balance continúa dejando una alerta de fondo: en República Dominicana el acceso formal no ha resuelto la garantía efectiva del derecho a la salud. El sistema pasó de un 89.5% de la población sin protección en 2000 a un 97% afiliado en la actualidad, equivalente a unos 10.6 millones de dominicanos, mientras el gasto familiar de bolsillo bajó de 62% a 43%. También aumentaron las coberturas para tratamientos catastróficos, medicamentos, hospitalización y cirugías mayores.
Pese a ello, el propio crecimiento del sistema ha ido acompañado de «deficiencias públicas» que, según el texto, han acelerado la privatización y mercantilización de la salud. Aunque el gasto nacional en salud supera los 460,000 millones de pesos, un 6.3% del PIB, el retraso indefinido de las reformas estructurales previstas en la Ley 87-01 ha incrementado los copagos y afecta incluso a las familias más pobres y vulnerables. El resultado, plantea el análisis, es un modelo cada vez más curativo, costoso y excluyente.
Las estadísticas de la Sisalril refuerzan esa señal de desgaste institucional: la medicina privada concentra alrededor del 85% de la demanda de los afiliados contributivos y también predomina entre los subsidiados. Esa dependencia creciente del sector privado, lejos de cerrar brechas, consolida la lógica de mercado sobre un derecho fundamental y deja abierta la exigencia de fiscalización y reformas pendientes para evitar que la cobertura siga avanzando más rápido que la protección real de los pacientes.