Promulgada el 18 de junio como Ley 30-26, de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, la reforma vuelve a abrir una pregunta de fondo: si realmente ayuda a reducir la informalidad o si termina reproduciendo la distancia entre el discurso de simplificación y la realidad que enfrentan las mipymes. El propio balance planteado sobre la norma apunta a esa tensión entre la necesidad recaudatoria del Estado y las condiciones de quienes operan con márgenes estrechos.
La ley incluye medidas dirigidas a la micro, pequeña y mediana empresa, en especial el alivio al régimen de anticipos del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, ese cambio empezará a aplicarse a partir del período fiscal 2027, pese a que varias disposiciones de la ley ya están en vigor. En la práctica, eso deja abierta una exigencia de fiscalización sobre el efecto real de la reforma: el pequeño empresario que decide formalizarse y bancarizarse enfrenta costos inmediatos mientras los alivios prometidos quedan diferidos.
El punto es especialmente sensible porque el anticipo mensual ha sido descrito como una de las principales barreras de entrada al sistema formal, al cobrarse sobre una renta estimada y no sobre la efectivamente generada, con mayor impacto sobre negocios estacionales o de arranque. A eso se suma la actualización del Régimen Simplificado de Tributación, vigente desde 2019 mediante el Decreto núm. 265-19. El reto institucional, más que la promesa legal, queda en demostrar resultados concretos para una economía donde la informalidad arropa a más de la mitad de la actividad y donde cualquier reforma tributaria se mide por su costo social y por las explicaciones pendientes sobre su ejecución.