Bolivia cumplió su quinta semana de protestas de sindicatos obreros y campesinos, en un escenario que ha profundizado la crisis económica que el país arrastra desde 2023 y que vuelve a impactar el costo de vida, el abastecimiento y la actividad productiva. Los bloqueos de carreteras han golpeado industrias, producción de alimentos y turismo, entre otras áreas, con pérdidas superiores a los 1.600 millones de dólares.
Las movilizaciones arrancaron a inicios de mayo con reclamos sectoriales, pero terminaron escalando hasta pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La presión está impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y grupos de seguidores del expresidente Evo Morales. Estos sectores denuncian un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno y objetan nuevas normas anunciadas para hidrocarburos y energías, al considerar que buscan privatizar empresas y servicios, algo que las autoridades niegan.
Paz llegó a la Presidencia en noviembre pasado en medio de una crisis marcada por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y una inflación que en 2025 cerró en 20,40 %. En este escenario, los bloqueos han provocado escasez de alimentos, sobre todo en La Paz, mientras que en Cochabamba y Santa Cruz productos que no pueden ser enviados al interior o al exterior del país se pierden. También volvió a escasear el combustible, con filas de días para conseguir gasolina o diésel, y se reporta falta de oxígeno medicinal, en un cuadro que refuerza el contraste entre la crisis heredada y la ausencia de respuestas efectivas para contener su impacto social.