Colombia se encamina a las elecciones presidenciales de 2026 con una realidad de fondo que resulta difícil de ignorar: el país dejó atrás los niveles extremos de violencia de comienzos de los años 2000 y recuperó control territorial en muchas zonas gracias al impulso del Plan Colombia y a otros esfuerzos institucionales. Aun así, ese avance histórico no ha cerrado la discusión sobre seguridad, que vuelve a ocupar el centro de la política nacional.
Ese balance que reconoce la disminución de la violencia también deja ver una alerta sobre el presente. En el gobierno de Gustavo Petro, la política de “Paz Total” ha avivado el debate, en medio de críticas de quienes aseguran que algunos grupos ilegales han aprovechado el proceso para ampliar control territorial y fortalecer economías ilícitas. El contraste entre los logros acumulados en años previos y las dudas actuales sobre la capacidad del Estado para frenar nuevas amenazas ha reactivado la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas.
El panorama descrito apunta a que el éxito de una estrategia pasada no asegura respuestas eficaces frente a los desafíos de hoy. Con amenazas distintas a las de finales del siglo XX, la discusión ya no se concentra solo en acuerdos o enfoques, sino en si la gestión vigente está dando resultados suficientes ante el crimen organizado y el control territorial, dos asuntos que vuelven a pesar en la agenda pública a las puertas de 2026.