Este viernes el tribunal conoció la revisión de la medida de coerción impuesta a Suleiny Esther Amador, identificada como una de las principales imputadas en el fraude electrónico mediante el cual se sustrajeron RD$3,435,120.00 de una de las cuentas bancarias de la Alcaldía de Santiago. La audiencia devuelve al centro del debate un caso que impactó recursos municipales y que obliga a sostener la atención sobre la respuesta institucional.
El expediente se remonta a los hechos del 24 de abril de 2026, cuando la Gerencia de Investigaciones Electrónicas del Banco de Reservas detectó un acceso ilícito a una cuenta del Ayuntamiento del Municipio de Santiago. Desde esa acción se ejecutaron cinco transferencias electrónicas fraudulentas por RD$3,435,120.00. Las investigaciones establecen que el dinero fue enviado a cuentas de terceros presuntamente vinculados a una estructura criminal dedicada a delitos electrónicos. En el caso figuran como imputadas Suleiny Esther Amador, Yafermy García Araujo y Elide Miguelina de las Mercedes, mientras Jorge Miguel Rivas Medina continúa bajo investigación junto a otras personas.
Las autoridades también determinaron que varias de las imputadas fueron arrestadas cuando presuntamente intentaban retirar parte de los fondos, un elemento que fortaleció la investigación. La Alcaldía de Santiago presentó querella con constitución en actor civil el 30 de abril de 2026, el mismo día en que se conoció la solicitud de medidas de coerción. En esa audiencia, el tribunal impuso prisión preventiva a Amador y garantía económica a las demás imputadas. La revisión conocida este viernes forma parte del proceso penal, pero además vuelve a colocar en primer plano la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se resguardan los recursos públicos frente a este tipo de vulneraciones.