El Gobierno dominicano, junto a varias instituciones, entre ellas la Superintendencia de Pensiones (Sipen), avanza en una reforma de la Ley de Seguridad Social 87-01 en el componente de pensiones. No obstante, la discusión llega condicionada por un antecedente que exige mayor fiscalización: el ajuste aplicado en 2019 al esquema de ganancias de las AFP, que pasó a una comisión fija de 0.75% sobre todo el patrimonio administrado.
Desde que comenzó el ahorro previsional, cada trabajador aporta el 2.87% de su salario y el empleador suma el 7.10%, para un total de 9.97% que se deposita en una cuenta de capitalización individual administrada por una AFP. Sin embargo, con el modelo vigente desde 2019, las administradoras obtienen una ganancia asegurada aun cuando el fondo no alcance un rendimiento alto, e incluso si no genera rendimiento alguno, algo que ha sido señalado como un mecanismo que beneficia más a las AFP que a los trabajadores.
Así, el impulso oficial a una nueva reforma y la promoción pública de su contenido por parte del superintendente de Pensiones reactivan la alerta sobre el destino del ahorro laboral. Más que en la difusión de la propuesta, el debate vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas sobre un sistema que ya fue modificado en perjuicio de quienes aportan.