La querella contra el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, por la muerte de presuntos delincuentes en supuestos intercambios de disparos durante operativos identificados como “código 29”, devolvió al centro del debate la exigencia de fiscalizar las actuaciones policiales.
Al abordar el tema este miércoles, Rodríguez García afirmó que no pueden existir sometimientos ni condenas sin pruebas y subrayó que toda acusación debe estar sustentada en evidencias para que tenga consecuencias legales. Además, recordó que ese criterio se lo inculcaron sus profesores de Derecho, junto con el respeto a los derechos ajenos y el cumplimiento de la ley.
Pese a que el jefe policial aseguró que la institución respeta los derechos humanos y trabaja en defensa de los sectores más vulnerables, la sola existencia de la querella mantiene abierto un frente de alerta institucional sobre la necesidad de rendición de cuentas en actuaciones letales reportadas por la propia Policía como intercambios de disparos. En esa tensión entre la defensa oficial y el cuestionamiento judicial, la atención vuelve a concentrarse en los resultados, los controles y la verificación de los procedimientos.