La trayectoria de los últimos sirios, libaneses y palestinos nacionalizados dominicanos en Haití muestra un cuadro de fragilidad institucional y de protección insuficiente frente a la persecución. Marcados por la ley haitiana de 1903, que les impedía naturalizarse y abrir comercio, algunas familias lograron resistir durante años bajo el amparo del general Ignacio María González Santín, quien los recibió como dominicanos y les entregó cartas de naturalización y pasaportes. Sin embargo, a finales de 1913 ya todos habían sido expulsados o habían cruzado la frontera para permanecer definitivamente en República Dominicana.
Ese escenario de incertidumbre coincidió con el relevo diplomático de 1911. González Santín presentó su renuncia como ministro plenipotenciario en Haití a inicios de marzo de ese año, durante el gobierno de Ramón Cáceres Vásquez, y fue reemplazado por Francisco Henríquez y Carvajal. Su llegada se aplazó hasta el seis de julio, mientras Guarín González siguió como encargado de negocios, según informó José María Cabral y Báez. Al mismo tiempo, Haití arrastraba una crisis política abierta desde 1908, cuando Antoine Simon se sublevó, avanzó sobre Puerto Príncipe y derrocó a Nord Alexis, que abandonó el país el seis de diciembre.
El hostigamiento contra esos inmigrantes, lejos de cesar, continuó aun bajo la nacionalidad dominicana: no solo por parte del gobierno haitiano, sino también de comerciantes locales. Más allá de su valor histórico, el caso deja una advertencia institucional vigente: la protección formal no alcanzó para evitar expulsiones, persecución ni desarraigo, en un contraste que obliga a observar con atención el papel del Estado dominicano cuando sus nacionales quedan expuestos fuera del país.