La delincuencia que persiste en el país vuelve a poner bajo la lupa una estrategia estatal que, en lugar de entregar resultados sostenibles, ha estado marcada por la llamada “mano dura”. El texto sostiene que ese enfoque, respaldado por acciones de “ajusticiamiento” de la Policía Nacional, vulnera el debido proceso y no ha conseguido bajar la criminalidad, ensanchando así la distancia entre el discurso de control y una realidad que sigue sin cambiar.
La objeción tampoco se queda en el plano doméstico. Investigaciones comparadas de Flacso Chile y un artículo difundido en Global Crime concluyen que la “mano dura” ha terminado siendo un fracaso de las políticas criminales en diversos países, entre ellos el nuestro. De acuerdo con ese análisis, décadas de aplicación no solo muestran ausencia de resultados, sino también efectos adversos: se interviene sobre los actores visibles mientras quedan intactas causas como la pobreza, la exclusión, la corrupción y la impunidad.
También aparece el costo institucional. Ese esquema aparta la prevención, reemplaza políticas sociales por represión, debilita el sistema de justicia y termina normalizando prácticas extralegales, con un efecto directo sobre la confianza ciudadana en el Estado. El texto advierte además sobre otro vacío de fondo: al personalizar el delito, se borran de la vista las estructuras de poder que operan fuera de los barrios, lo que refuerza la necesidad de fiscalización, rendición de cuentas y vigilancia sobre una política que, según los estudios citados, erosiona derechos civiles y alimenta la violencia social.