Este jueves, jueces, juezas y servidores judiciales detuvieron las labores en los tribunales del país en una protesta que elevó la presión sobre las autoridades del sistema judicial, a las que acusan de haber desoído durante años denuncias sobre abandono, sobrecarga laboral y un deterioro extremo del Poder Judicial. La jornada, realizada frente al Palacio de Justicia de Santiago, suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada buena parte de la administración de justicia en República Dominicana.
Con vestimenta negra y pancartas en alto, cientos de magistrados y empleados judiciales respaldaron un paro nacional de 24 horas que, de acuerdo con sus organizadores, representó un “grito desesperado” ante la ausencia de respuesta institucional. La magistrada Esther Carolina Reyes Aracena sostuvo que la protesta pretendía forzar a las autoridades a escuchar reclamos acumulados por años, mientras la cancelación simbólica de los roles de audiencia oficializó el alcance nacional de la paralización.
El punto central de la jornada fue la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien denunció una “crisis institucional” y cuestionó la gestión administrativa del Poder Judicial. Durante su intervención, advirtió que la justicia no puede sostenerse únicamente sobre la vocación y el sacrificio personal, sino que necesita condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales, en un reclamo que vuelve a poner el foco sobre la rendición de cuentas y sobre el costo que el deterioro del sistema impone a los ciudadanos con procesos todavía pendientes.