La Junta Central Electoral (JCE) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) realizaron jornadas de servicios para personas adultas mayores en Loma de Cabrera, en Dajabón, y en Las Matas de Santa Cruz, en Montecristi, donde se capturaron datos biométricos para la posterior emisión y entrega de la nueva cédula de identidad y electoral.
Aunque la iniciativa fue presentada como parte de las acciones de inclusión, el operativo también pone el foco sobre la necesidad de vigilancia al proceso de renovación, que ya tiene un hito legal definido: el 1 de abril de 2027. A partir de esa fecha, el plástico del formato viejo dejará de ser válido en todo el territorio nacional, lo que convierte estas jornadas en una señal de la presión institucional por llegar a poblaciones que requieren atención específica.
Los operativos forman parte de iniciativas impulsadas por la Comisión de Políticas de Igualdad y Género, a través de la Mesa de Inclusión de la JCE, coordinada por la miembro titular del Pleno Dolores Fernández Sánchez, y se desarrollan en coordinación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas adultas mayores y personas con discapacidad. Esa articulación refuerza el componente ciudadano del proceso, pero también subraya que la renovación exige fiscalización y seguimiento para que el discurso de inclusión se traduzca en resultados efectivos antes del vencimiento legal.