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Industria pide revisar autorización a firma en zonas francas por ventaja fiscal frente a empresas que sí tributan

septiembre 8, 2026 · Redactor
Industria pide revisar autorización a firma en zonas francas por ventaja fiscal frente a empresas que sí tributan
Foto: elnuevodiario.com.do

La advertencia apunta a competencia desigual, posibles fallas de fiscalización y un costo directo para productores nacionales que operan bajo el régimen ordinario.

La Asociación Dominicana de la Industria de Plásticos (Adiplast) pidió al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación reconsiderar la autorización otorgada a Kcapsu, S.R.L., empresa de capital chino aprobada para fabricar utensilios y envases plásticos para alimentos bajo la Ley 8-90, en un segmento que, según el gremio, ya está ampliamente desarrollado por la industria nacional. El reclamo reabre el debate sobre el uso de incentivos fiscales y aduaneros en actividades que compiten con empresas locales que pagan todos los impuestos del régimen ordinario.

Adiplast advirtió que el esquema de zonas francas, creado para impulsar exportaciones, divisas y empleos, no debe derivar en una vía para triangular exportaciones desde otros países y aprovechar acuerdos comerciales mientras se compite en condiciones desiguales tanto fuera como dentro del mercado dominicano. La preocupación se produce además en un contexto de cuestionamientos sobre la capacidad de control del Estado: una investigación de Diario Libre citada en la nota señala que la DGII registra 2,070 empresas de capital chino entre 2016 y 2026 y que fiscalizaciones internas a 159 contribuyentes determinaron impuestos por más de RD$73,500 millones.

El reportaje también recoge denuncias de subvaluación de mercancías, incumplimientos con comprobantes fiscales y reclamos de sectores productivos y comerciales por reglas desiguales. Adiplast sostuvo que su posición no es contra la inversión extranjera ni contra la nacionalidad de los inversionistas, sino a favor de que toda inversión compita bajo las mismas reglas, un punto que vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de las autoridades responsables de autorizar, supervisar y cobrar en un área sensible para el empleo, la recaudación y la producción nacional.