Este martes, el Poder Ejecutivo depositó en el Senado un proyecto de ley para crear la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (Digiteg), una entidad autónoma y descentralizada que reemplazaría a la actual Digeig. La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa la eficacia del esquema vigente, al plantear una nueva institución con independencia administrativa, financiera y funcional y con facultades más amplias para investigar denuncias, imponer sanciones administrativas e inhabilitar a funcionarios por hasta cinco años.
La propuesta, entregada por la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, afirma que procura reforzar la transparencia, la prevención de la corrupción y el acceso a la información pública. Además, extiende sus competencias a la protección de datos personales y a la protección de denunciantes, informantes y testigos. De acuerdo con el texto, la Digiteg sería la autoridad rectora del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública y podría actuar por denuncias de ciudadanos, por reportes de las Comisiones de Integridad Gubernamental o de oficio.
El proyecto también establece un régimen de sanciones para servidores públicos: amonestaciones y suspensiones de hasta 30 días para faltas leves; suspensiones de hasta 60 días y multas de hasta 15 salarios mínimos del sector público para faltas graves; y, para faltas muy graves, multas de hasta 30 salarios mínimos, destitución e inhabilitación temporal. Si detecta indicios penales, la nueva entidad deberá remitirlos al Ministerio Público. La propuesta llega al Congreso con un alcance mayor que el de la estructura actual, lo que deja bajo mayor escrutinio la capacidad real del Estado para traducir el discurso de integridad en controles efectivos y sanciones concretas.