El gobierno dominicano reaccionó con una aclaración luego de que un informe de la Casa Blanca sobre transbordo ilegal incluyera a República Dominicana entre economías que podrían resultar atractivas para operadores ilícitos. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el documento no afirma que las exportaciones dominicanas sean, en términos generales, producto de triangulación ilícita, ni fija un volumen específico atribuible al país.
La comunicación oficial también sostiene que el informe no anuncia sanciones, penalidades, restricciones comerciales ni medidas arancelarias contra República Dominicana. Sin embargo, el propio reporte identifica riesgos potenciales en más de 40 países y, en el caso dominicano, señala factores concretos como zonas francas, infraestructura portuaria y logística, capacidad de manufactura especializada y acceso preferencial al mercado estadounidense como elementos que podrían ser aprovechados por operadores irregulares.
En su defensa, el MICM insistió en que el país es una plataforma real de manufactura, zonas francas y logística, con plantas, inversión, trabajadores dominicanos y procesos productivos que generan valor antes de exportar a Estados Unidos. Pero la necesidad de salir a precisar el alcance del informe vuelve a colocar sobre la mesa una alerta institucional: más allá de que no exista una acusación general ni sanciones inmediatas, el señalamiento obliga a reforzar la fiscalización sobre rutas, productos y plataformas logísticas, y a exigir explicaciones claras del gobierno sobre cómo se previenen riesgos que pueden comprometer la credibilidad comercial del país.