La Fundación Juan Bosch puso nuevamente sobre la mesa el impacto de las elecciones de 1966 en la democracia dominicana, en un coloquio que recuperó denuncias históricas de persecución, violencia y fraude en ese proceso.
El encuentro reabrió una discusión que trasciende la memoria política y toca un punto central de la vida institucional: la necesidad de que las reglas electorales sean iguales para todos y de que ningún sector pueda beneficiarse de condiciones desiguales o de la erosión de la confianza pública.
Según el enfoque del coloquio, los hechos de 1966 siguen funcionando como referencia obligada cuando se habla de democracia, institucionalidad y vigilancia ciudadana. La discusión no se limitó a rememorar un episodio del pasado, sino a subrayar cómo ese tipo de denuncias deja huellas duraderas en la legitimidad de los procesos y en la percepción de justicia de la competencia política.
En ese contexto, la actividad se convirtió en un recordatorio de que la defensa de la democracia no puede descansar solo en la celebración de elecciones, sino en la existencia de reglas transparentes, aplicadas sin ventajas para unos y sin desventajas para otros. Cuando se habla de confianza institucional, el punto de partida sigue siendo el mismo: las normas deben valer por igual.
La Fundación Juan Bosch retomó así un debate que, aunque anclado en un episodio histórico, mantiene vigencia en la conversación pública por su relación con la integridad electoral y con la exigencia de una institucionalidad que no dependa de intereses particulares ni de memorias selectivas.