Una reducción de homicidios no basta para cerrar el debate sobre seguridad ciudadana. Al cierre de agosto, el reporte oficial contabilizó 4,402 robos, 91 homicidios y 183 personas heridas, un saldo que muestra avances en algunos indicadores, pero también confirma que la vida diaria sigue atravesada por delitos que afectan a las familias y obligan a mirar más allá de la narrativa oficial.
Robos, atracos, agresiones, violencia de género, conflictos interpersonales, tráfico de drogas, armas ilegales y extorsiones siguen formando parte de una realidad que mantiene viva la sensación de inseguridad, incluso en los lugares donde los homicidios han descendido. Ese contraste entre cifras puntuales y experiencia ciudadana reabre la discusión sobre la capacidad del Gobierno dominicano para dar una respuesta integral y verificable, en vez de medir el problema con un solo indicador.
El propio planteamiento del texto recuerda que la seguridad no depende únicamente de la Policía Nacional, sino también del Ministerio Público, los tribunales, el sistema penitenciario y las políticas sociales. Esa dimensión institucional pone bajo fiscalización a todo el Estado y refuerza la alerta de la sociedad civil sobre preguntas que siguen abiertas: qué se está haciendo para evitar que jóvenes fuera de la escuela sean captados por estructuras criminales y qué resultados concretos existen en prevención, coordinación e inteligencia frente a un problema que continúa teniendo coste social.