Los feminicidios de Esmeralda Moronta de los Santos y Nancy Sánchez Gálvez han reabierto cuestionamientos sobre la capacidad real del Estado para proteger a las mujeres, incluso en lugares donde debería existir una respuesta institucional reforzada, como fiscalías y hospitales.
La gravedad de estos casos no solo radica en la violencia cometida, sino en el hecho de que ocurrieron frente a espacios llamados a ofrecer amparo, seguimiento y atención. Esa coincidencia obliga a mirar más allá del hecho criminal y a exigir explicaciones sobre los protocolos de seguridad, la supervisión de los recintos y la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir riesgos.
El debate público que dejan estos asesinatos no puede limitarse a la condena del crimen. También plantea la necesidad de revisar si los mecanismos de protección funcionan de manera efectiva, si existen controles suficientes en los perímetros de oficinas públicas y centros de salud, y si las autoridades están ofreciendo respuestas proporcionales a la gravedad de la violencia de género.
En un contexto de persistentes feminicidios, la responsabilidad estatal no se agota en reaccionar después de cada caso. La atención debe concentrarse en los resultados de las medidas de prevención, en la transparencia sobre las fallas detectadas y en la rendición de cuentas de las instituciones que, por mandato, deberían garantizar entornos seguros para las víctimas.