La discusión sobre salud mental vuelve a colocar frente a frente los derechos reconocidos y la capacidad del Estado para convertirlos en respaldo concreto para las familias. El texto subraya que los parientes de pacientes con enfermedad mental cargan con un peso “enorme” en lo emocional, psicológico y económico, aunque también tienen derecho a recibir apoyo público.
Ese respaldo, de acuerdo con el libro “Diez derechos de las familias de personas que padecen enfermedad mental grave”, del psiquiatra José Mieses Michell, abarca atención médica integral y cercana, con medicinas, visitas y manejo de crisis. Además, incluye la orientación del Ministerio de Salud Pública sobre diagnóstico, sustento económico, acceso a medicamentos y participación en las políticas de salud mental del país.
La propia Constitución, en su artículo 58, establece la obligación del Estado de promover, proteger y asegurar derechos en condiciones de igualdad, junto con la adopción de medidas positivas para la integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política. En esa misma línea, Mieses Michell advirtió que “el Estado debe abrir centros comunitarios cercanos” para que una familia sepa adónde acudir ante una crisis psiquiátrica. Más que una declaración de principios, el planteamiento deja sobre la mesa una exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre si esa red de apoyo existe con la cercanía y oportunidad que la ley y las familias necesitan.