A veinte años de la Ley 87-01, el sistema dominicano de pensiones muestra una expansión en cobertura, un fondo acumulado de 1.3 millones de millones de pesos y financiamiento a 189 proyectos por 55,207 millones. Aun así, esos resultados no se traducen en una pensión suficiente para los cotizantes regulares ni para los trabajadores con aportaciones insuficientes, lo que vuelve a poner en entredicho la capacidad real del modelo para responder a lo que esperan los afiliados.
El balance presentado admite que, aunque el nuevo sistema elevó la cobertura de 9% a 95% de los trabajadores asalariados y a marzo de 2026 había otorgado 37,562 pensiones, los avances “no garantizan una pensión suficiente”. Esa distancia entre la solidez financiera del fondo y el ingreso que finalmente recibirían los trabajadores refuerza la presión para introducir cambios urgentes, en un asunto de alto costo social para miles de afiliados.
Por esa razón, las Superintendencias de Pensiones y de Salud impulsan un anteproyecto de Reforma Integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La propuesta busca aumentar la protección y la satisfacción de los afiliados, pero el propio texto señala que omite o soslaya puntos clave, dejando abierta una discusión que reclama mayor fiscalización y rendición de cuentas sobre por qué, después de los recursos acumulados y los años transcurridos, sigue pendiente duplicar las pensiones generales.