La Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión un proyecto que reforma la Ley 21-18 sobre Regulación de los Estados de Excepción y abre la puerta a un régimen más severo de sanciones durante los estados de emergencia. La iniciativa, presentada por el diputado Eugenio Cedeño, permitiría aplicar multas, retenciones, arrestos temporales y cierres de negocios a quienes no acaten las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo.
Con este cambio, se reordena el marco legal que hasta ahora sustentaba las sanciones en órdenes administrativas y en una referencia general a las leyes vigentes. Tras la aprobación del proyecto, se incorporan más de 20 artículos con multas concretas, atribuciones operativas para la Policía y el Ministerio Público, y mecanismos para arrestar personas, lo que deja bajo mayor escrutinio el alcance efectivo de los poderes excepcionales y su efecto sobre ciudadanos y comercios.
Entre las nuevas infracciones aparecen violar restricciones de circulación u horarios, incumplir medidas preventivas de salud o seguridad, resistirse a requerimientos de las autoridades y hasta «agredir verbalmente» a agentes responsables del orden público. También se tipifican faltas graves y muy graves, como huir de agentes policiales ante requerimientos de detención o registro, agredir físicamente a las autoridades o reincidir en infracciones anteriores. Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es el procedimiento que podrán aplicar los agentes policiales durante un estado de excepción, en un escenario en el que la ampliación de facultades vuelve a plantear la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre el uso de estas medidas.