La entrada obligatoria de la facturación electrónica para pequeños contribuyentes, microempresas y contribuyentes no clasificados llega con un problema de gestión a la vista: comerciantes consultados en sectores del Distrito Nacional dicen no conocer cómo funciona el sistema y temen que su aplicación termine golpeando sus ingresos por la vía de más impuestos. Pese a ese escenario, la DGII mantiene como fecha límite el 15 de noviembre y ha reiterado que no habrá prórroga.
Durante un recorrido por María Auxiliadora, Ensanche Luperón, Ensanche Espaillat, Villa Consuelo, Villa Juana y 27 de Febrero, Listín Diario constató desinformación entre emprendedores y la presencia de comercios no legalizados. Frente al nuevo esquema impulsado por la DGII, varios dueños de negocios dijeron que primero evaluarán su conveniencia y que, si no les resulta viable, optarían por retirarse del mercado, un reflejo del costo social que puede tener una implementación sin comprensión suficiente en la base comercial más pequeña.
En el barrio 27 de Febrero, Mateo Muñoz, propietario de un colmado instalado en su vivienda, admitió que no maneja información sobre el sistema y que ni siquiera factura. “No manejo eso, no facturo ni siquiera. Si es necesario, se implementa, pero no te diría que lo voy a implementar porque desconozco los funcionamientos, porque esto es un negocio pequeño; pero si hay que implementarlo, y hay que hacerlo, se hace”, dijo. También planteó que antes de asumir la medida tendría que revisar si implicará pagar más impuestos y si esos pagos podrían recuperarse; de lo contrario, dejaría la actividad comercial. El caso expone el contraste entre la exigencia oficial y la realidad de pequeños negocios que llegan al plazo sin información clara ni certezas sobre su impacto.