Las investigaciones citadas en el texto advierten de un problema institucional de fondo: las sociedades con niveles extremos de desigualdad suelen debilitar la confianza en sus instituciones y ampliar la distancia entre grupos sociales. En ese escenario, el crecimiento económico deja de ser una credencial suficiente cuando amplios sectores no sienten mejoras en sus condiciones de vida.
El análisis destaca que, cuando buena parte de la población no observa resultados tangibles en su vida cotidiana, la legitimidad del régimen democrático empieza a erosionarse. Esa desconexión entre crecimiento y bienestar puede derivar en frustración social, menor participación en las actividades electorales, mayor radicalización política y debilitamiento del tejido social, un panorama que refuerza la necesidad de fiscalización pública y rendición de cuentas sobre a quién beneficia realmente el desempeño económico.
América Latina aparece en el texto como un ejemplo de esa contradicción: estabilidad macroeconómica y crecimiento conviven con exclusión social, informalidad laboral y precariedad institucional. La conclusión es clara: el crecimiento por sí solo no garantiza justicia social ni fortalece automáticamente la democracia, sobre todo cuando las oportunidades no llegan a todos y las instituciones no operan de manera eficaz más allá de las élites.