Santo Domingo, R.D. — La firma Félix Portes & Asociados denunció el caso de Yanger Bello Bautista y volvió a poner sobre la mesa el control del poder punitivo del Estado, así como el deber de los tribunales de responder sin dilaciones cuando la libertad de una persona está en juego. Según la defensa, el ciudadano permanece privado de libertad desde hace más de dos años en el proceso núm. 585-1-2024-EPEN-0006, conocido por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Azua, mientras el Ministerio Público sostiene una acusación que, de acuerdo con sus abogados, ya había sido desestimada en tres ocasiones anteriores.
De acuerdo con los representantes legales, el episodio más delicado ocurrió en la audiencia del 25 de mayo de 2026, convocada para conocer la solicitud de cese de prisión preventiva por vencimiento del plazo máximo previsto en el artículo 148 del CPP. Sin resolver ese pedimento, el tribunal presidido por el magistrado Camilo Segura Peña suspendió el conocimiento y lo fijó para el 10 de junio de 2026, la misma fecha señalada para el juicio de fondo. Para la defensa, esa decisión deja sin efecto práctico la revisión de la medida y aumenta las dudas sobre la tutela judicial efectiva en un proceso que ya suma más de dos años de privación de libertad.
A raíz de esa actuación, la defensa presentó una recusación formal contra Camilo Segura Peña, sustentada en los numerales 7 y 10 del artículo 80 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 97-25, además del artículo 22 del CPP sobre separación de funciones. El incidente fue remitido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en un caso que ya supera la discusión penal de fondo y coloca bajo observación el desempeño institucional de los actores llamados a garantizar imparcialidad y respeto al debido proceso.