La decisión de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia de no presentarse a evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura vuelve a encender una alerta sobre la solidez institucional del sistema judicial. El caso, que involucra a Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, no solo refleja desconfianza en el órgano encargado de evaluarlos, sino que también compromete la credibilidad de los exámenes futuros para ingresar o permanecer en las altas cortes.
El hecho de que los magistrados hayan declinado libre y voluntariamente someterse al escrutinio del CNM apunta a un deterioro en la relación con los consejeros y deja al descubierto una tensión de fondo entre el discurso de fortalecimiento institucional y una evaluación cuestionada desde dentro. En el caso de Molina y Salcedo, el texto destaca que conocen de cerca el funcionamiento de ese grupo de funcionarios y legisladores, con quienes participaron en selecciones desde 2020, en una etapa en la que los actores predominantes en el CNM han sido el oficialista PRM y la Fuerza del Pueblo como representación opositora.
El episodio cobra además un peso político y legal mayor porque los jueces que renunciaron ya habían pasado por una evaluación en 2019, cuando el CNM estaba presidido por Danilo Medina e integrado, entre otros, por Jean Alain Rodríguez, Mariano Germán, Reinaldo Pared Pérez, José Ignacio Paliza y Josefa Castillo. Esa comparación entre procesos anteriores y la negativa actual a ser evaluados refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre un órgano decisivo para la justicia dominicana, en un momento en que la confianza pública en las instituciones sigue siendo un eje central del debate nacional.