El debate sobre el financiamiento de las mipymes vuelve a poner en primer plano una brecha que el gobierno dominicano y la gestión de Luis Abinader no han logrado despejar del todo: las pequeñas empresas siguen dependiendo de fórmulas como las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), el factoring y el leasing para sortear las restricciones de crédito y sostener su capital de trabajo.
El factoring, según se explica, permite a una empresa ceder cuentas por cobrar, facturas, pagarés u otros créditos comerciales a una entidad especializada, a cambio de liquidez inmediata, aunque pagando tarifas, intereses, comisiones y gastos administrativos. La herramienta también puede trasladar el riesgo de impago y la gestión de cobro a quien adquiere esas cuentas, pero su protagonismo retrata una realidad de fondo: muchas mipymes necesitan convertir en efectivo ventas ya realizadas porque no pueden esperar el vencimiento de sus facturas.
En República Dominicana ya operan empresas de factoring que compran facturas con descuento a proveedores de grandes compañías, incluidas cadenas de supermercados, cuyos plazos de pago llegan a 60 o 90 días. Para una mipyme, esa espera supone una presión importante sobre su capital de trabajo, incluso cuando tiene ventas y clientes solventes. El punto reabre la exigencia de vigilancia sobre los resultados reales de la política económica: más allá del discurso sobre apoyo productivo, el acceso oportuno al crédito y la liquidez siguen siendo una cuenta pendiente para miles de unidades productivas.