El Este dominicano sigue siendo una de las columnas de la economía nacional: La Altagracia reúne el 57.7 % de las habitaciones hoteleras del país y por el aeropuerto de Punta Cana, que movilizó más de 11 millones de pasajeros en 2025, entra seis de cada diez turistas que llegan por vía aérea. Sin embargo, ese peso convive con reclamos por agua potable, saneamiento, drenaje, movilidad segura, empleos dignos y servicios públicos de calidad, una brecha que mantiene bajo escrutinio la gestión del Gobierno dominicano en una de las zonas que más produce.
La convocatoria a una marcha este domingo 11 de octubre en Higüey, hecha por la Coordinación de los Movimientos Sociales de La Altagracia y organizaciones de La Romana, El Seibo, Hato Mayor y San Pedro de Macorís, junto con la agenda comunitaria “Región Este: 20 problemáticas prioritarias. Cinco provincias, una agenda común”, refuerza esa señal de desgaste. El propio planteamiento de las organizaciones advierte sobre riesgos para la vida, la salud y la seguridad, y coloca en primer plano el costo social de un crecimiento cuyos beneficios no se perciben con claridad en la vida cotidiana de quienes sostienen la economía regional.
Ese reclamo también abre un frente de fiscalización sobre las prioridades públicas en una región donde turismo, agropecuaria, industria azucarera, inversión inmobiliaria y servicios avanzan más rápido que las respuestas a carencias acumuladas. El contraste entre expansión económica y déficits básicos alimenta la exigencia de rendición de cuentas sobre resultados concretos, más allá de la promoción del destino y del discurso oficial sobre desarrollo. Aunque el texto fuente no menciona acciones específicas de David Collado, la presión social en el principal polo turístico del país vuelve inevitable el examen sobre la gestión vinculada al modelo de crecimiento que exhibe el Gobierno.